Todos iguales

El reparto de competencias entre Gobierno Central y Comunidades Autónomas son una fuente inagotable de conflictos. Cada dos por tres surge un nuevo enfrentamiento por tal o cual atribución. Sin entrar en disquisiciones políticas y derechos a autodeterminación, desde hace años se viene produciendo una discrepancia meramente económica. Se trata de las controversias sobre la potestad decisoria para determinar las pensiones no contributivas.

El gobierno popular defiende que es una competencia exclusiva del estado por ser una materia de seguridad social, mientras que varias comunidades autónomas opinan que se trata de una prestación de asistencia social y que, por lo tanto, es de su competencia. Los populares, con el apoyo de Coalición Canaria, han querido zanjar la controversia con La Ley de Disposiciones Específicas de Seguridad Social.

El proyecto de Ley aprobado en el Congreso defiende, según el PP, ”unidad” “universalidad” e “igualdad” en el sistema de Seguridad Social. Loable objetivo, especialmente el de la igualdad. Pero es imposible tender a la igualdad impidiendo que las autonomías ayuden a los más desfavorecidos aumentando sus mínimas pensiones no contributivas. Más bien parece otro recorte en gasto social que maquille el tan cacareado déficit cero.

La pensión contributiva media en España fue de 516 euros en 2002. Las no contributivas son muy inferiores y tratan de aliviar las necesidades básicas de los más desfavorecidos.

Los pensionistas vascos cobraron una media de 652 euros, mientras que los gallegos se conformaron con 430 euros. Por encima de los 600 euros cobran asturianos y madrileños, y menos de 500 extremeños, murcianos, riojanos, andaluces, castellanos de ambas comunidades e isleños de Canarias y Baleares. No estaría de más que todos estos pensionistas menos favorecidos vieran incrementadas sus ridículas pensiones; y eso es lo que parece querer evitar el PP con la aprobación de esta ley, aunque algunas comunidades pretenden seguir dando complementos a las prestaciones sociales más bajas.

España destina el 10 por ciento de su Producto Interior Bruto al pago de pensiones. La media en la Unión Europea supera el 12 por ciento, y solo Irlanda destina menos que España a este concepto. Los sueldos aquí también son un 30 por ciento menores que en la UE, y entre comunidades autónomas también hay muchas diferencias. La igualdad por la que pugna el PP debe ser esa de que cuando morimos todos somos iguales. Bueno, ni eso porque el coste medio de un entierro en Madrid puede llegar a costar mas de el doble que en Barcelona.